Diálogo para incluir a los actores en los cambios del sistema de admisión
La cuarta charla DEMRE, denominada De la PSU a la Prueba de Transición: ¿Por qué cambian las pruebas?, contó con un destacado panel encabezado por el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y la diputada Camila Rojas, quienes analizaron los últimos años de las pruebas de admisión y las propuestas de cambios para el futuro que se está construyendo con la nueva institucionalidad a cargo del Comité de Acceso.
El viernes 7 de agosto se efectuó la cuarta charla on line del DEMRE con el tema central De la PSU a la Prueba de Transición: ¿Por qué cambian las pruebas?. Contó con la participación del subsecretario de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas; la presidenta de la Comisión Educación de la Cámara de Diputados, Camila Rojas; la académica de la Escuela de Gobierno UC, Loreto Cox; la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara; el ex encargado del programa PACE, Felipe Melo, y la ex dirigenta estudiantil de establecimientos Técnico Profesionales, Carol Venegas, quien demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la PSU por discriminación.
Los expositores –entre los que también estuvo la directora del DEMRE, Leonor Varas- coincidieron en la necesidad de cambiar los instrumentos de admisión con el objetivo de disminuir las brechas que se hacían evidentes con la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y de asentar un camino que está trazando la nueva institucionalidad a cargo del Comité de Acceso, encabezada por la Subsecretaría de Educación Superior.
El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, detalló las iniciativas que ha implementado el Comité de Acceso para el Proceso de Admisión 2021, que incluyen la reducción de contenidos, del número de preguntas en las pruebas obligatorias, la disminución de la ponderación mínima exigida para las pruebas de transición, el aumento del porcentaje de matrícula para admisión especial y que se permita postular a los estudiantes del 10% de mejor rendimiento de cada generación en los colegios, aunque no cumplan con el requisito de puntaje promedio de las pruebas obligatorias.
“Son políticas que van en la línea de propiciar una mayor equidad. En razón de la equidad, del reconocimiento, les estamos permitiendo a esos estudiantes -el 10 por ciento de mejor rendimiento escolar- postular y en total suman más de 6.000 estudiantes”, enfatizó el subsecretario Vargas.
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada Camila Rojas, repasó, en tanto, el panorama que existió durante la vigencia de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que comenzó a aplicarse en el 2003. La parlamentaria señaló que la PSU recibió cuestionamientos desde su inicio, ya que reprodujo brechas socioeconómicas, diferencias urbano-rural y entre establecimientos científico-humanistas y técnico profesionales.
“Es preocupante que un antecedente que estuvo en su inicio no se consideró hasta 20 años después” declaró la parlamentaria. Y añadió que tenía conocimientos de las propuestas del DEMRE para hacer modificaciones, “pero la institucionalidad del Cruch no permitía esos cambios”.
A pesar de la demora en las modificaciones y malestar acumulado, la diputada recalcó la necesidad de profundizar los cambios, para lo cual “es importante abrir estos espacios de discusión”.
Loreto Cox, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coincidió con la parlamentaria en que la PSU “no daba para más” debido a sus sesgos.
En su presentación, la académica remarcó que la PSU era una batería insuficiente. “Tiene 4 pruebas básicas, y si lo comparamos con el SAT de EEUU, que tiene 4 básicas y 8 adicionales, específicas, con distintos niveles de matemática, es poco”.
Cox formuló que es difícil que con un mismo instrumento, como la prueba de matemática, se pueda evaluar a estudiantes que desean ingresar a carreras de diferente perfil: “Claramente eso no funciona y se necesitan más instrumentos”, señaló la académica, quien, además, cree que, tratándose de una prueba de altísimas consecuencias, debe rendirse más de una vez al año.
“El traspaso a la subsecretaría ofrece una nueva oportunidad para iniciar una nueva etapa y ha habido un muy buen trabajo del DEMRE para formular nuevos instrumentos”, concluyó Cox.
El camino transitado y a recorrer
La directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, indicó que, si bien el sistema de acceso se puede mejorar en equidad, objetividad y transparencia, “nunca podrá hacerse cargo completamente de las inequidades del sistema escolar”.
Ante el ambiente que ha generado dudas ante la posibilidad de aplicar la prueba de admisión en un contexto de pandemia, la experta considera que es importante aplicarla “porque da objetividad y transparencia a nuestro sistema y eso es una garantía para los estudiantes”.
Vergara comentó que los cambios que se han implementado, como la disminución de contenidos, ajustes en las bases curriculares, permitir que se postule a los estudiantes con mejor rendimiento en los colegios sin importar que no logren los 450 puntos ponderados y otros, “nos permiten hacernos cargo de la situación que estamos viviendo”.
Para Felipe Melo, ex encargado del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), el gran inconveniente de las pruebas estandarizadas es la reproducción de sesgos.
“Cuando vemos los sesgos que tienen las pruebas estandarizadas y el sistema educativo en general, se ve que hay privilegios hacia las grandes ciudades, los sectores más adinerados, hacia la educación particular pagada versus la particular subvencionada y pública. Es necesario corregir todo eso”, señaló Melo.
“La pregunta compleja es, ¿quiénes son los mejores estudiantes? Hay una respuesta absoluta que da las pruebas estandarizadas, que tiene luces y sombras; y están estos sistemas relativos que tienen que ver con las posiciones que ocupan los estudiantes en sus lugares de origen, como PACE. Es otro paradigma que establece que los talentos están equidistribuidos en la población”, afirmó.
Recordemos que actualmente, el programa PACE tiene 600 colegios participantes, 460 estudiantes matriculados en primer año de enseñanza superior y que trabajan con él más de 31 instituciones de educación superior. “Es un esfuerzo grande que se institucionaliza”, expresó Melo.
Participación en las decisiones
Carol Venegas estudió su enseñanza media en un establecimiento técnico profesional y se inscribió como la gran mayoría para rendir la extinta PSU. Al revisar los contenidos que involucraban la batería de pruebas, comprobó que muchos de ellos nunca los vio en su paso por el colegio.
Ante el sentimiento de injusticia por la situación, demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la PSU, logrando un histórico triunfo. “Fueron aproximadamente un millón de estudiantes perjudicados por un sistema que sabían que estaba mal. Y esa es una responsabilidad de la cual deben hacerse cargo”, criticó Carol Venegas.
La ex dirigenta solicitó que los estudiantes tengan participación en los cambios. “Que sea inclusiva realmente, en que todas las personas que se vean afectadas tengan una oportunidad de participar junto a los expertos, que podamos dialogar y avanzar”, señaló ante el diverso panel que participó en la charla. Demandó también poner fin a la asignación de recursos, como son las becas, asociados a los resultados de las pruebas.